Con esta pequeña cita histórica quiero subrayar que los araneses no
partimos de cero, sino que, a pesar del riesgo que se corre al utilizar
la historia para justificar los intereses políticos del presente, es
fácil descubrir un hilo conductor que articula un relato propio en
la construcción nacional de Aran y que al mismo tiempo ayuda a comprender
el porqué de las legítimas aspiraciones del pueblo aranés para garantizar
su autonomía y, por tanto, su encaje territorial dentro de Catalunya
y España.
Soy consciente de que las fronteras son permeables, artificios ligeros
que en el caso de Aran han configurado una valiosa encrucijada transfronteriza
de la que se ha derivado una no menos valiosa diversidad interna, porque
sobre un mismo fondo común se entrecruzan relatos vitales de lo más
dispares y enriquecedores. El Conselh Generau, la máxima institución
de autogobierno, no es fruto de la casualidad: es la institucionalización
de una conciencia colectiva de pertenecer a un mismo proyecto compartido.
Por ello, no es la recreación del pasado lo que explica nuestra razón
de ser, sino la voluntad presente para construir la democracia desde
abajo, a partir de una comunidad territorial específica y plural que
ayude a aumentar en ella “el espíritu de ciudadanía”, como
diría Tocqueville.
Como síndic de Aran y como secretario general de un partido,
Unitat d’Aran, que ya con el nombre aboga por la cohesión en la diversidad
de los ciudadanos en una sola comunidad política, quiero poner de manifiesto
de nuevo las palabras que el diputado aranés Joan Nart Rodés
dirigió al president Francesc Macià en su visita a nuestro
país en octubre de 1931: “El Vall d’Aran se unió libremente a
Catalunya, y lo hizo en virtud de un pacto que Aran ha cumplido con
grandes sacrificios. El pacto tiene su fuerza en nuestra firme voluntad
de seguir siendo catalanes y españoles, pero pedimos a todos, a los
de Madrid y Barcelona, que por su parte cumplan el pacto secular”.
Queda claro que el Aran desea seguir compartiendo un proyecto común
con Catalunya y España si estos respetan el principio de autonomía
que la ley de Aran de 1990 y el Estatuto de Autonomía del 2006 reconocen
y preservan. Y entiendo que lo hacen consagrando la organización institucional
y administrativa de Aran al margen de la organización territorial y
administrativa que se otorgue Catalunya. Aran es lo que es y no aceptará
que se le incluya en la organización catalana de las veguerías, porque
no tiene ningún sentido que el Conselh Generau, que es Generalitat
en el Aran, esté sometido a un ámbito que sobrepasa su marco territorial
y administrativo específico.
La inclusión de Aran en la veguería del Alt Pirineu es un despropósito.
Catalunya no aceptaría de ninguna manera quedar diluida en una región
que agrupara diversas comunidades autónomas por obra y gracia del Gobierno
central. Precisamente por este elemental ejercicio de empatía, Catalunya
debería comprender nuestras razones: porque queremos lo mismo que ella
pide a España. Ni más ni menos.
Aran no quiere renunciar a hacer pedagogía política. Todo lo contrario:
en pleno debate para reformar la ley sobre el régimen especial, resulta
más necesario que nunca que Catalunya nos entienda y al mismo tiempo
se conciba a sí misma como país plural y diverso, también ella, internamente.
De ahí también el propósito de exhibir la exposición Aran, clavis
regni como una explicación didáctica de lo que fuimos y lo que
queremos ser.
Tengo de nuevo presentes las palabras clarividentes de Joan Nart:
“Somos unos catalanes y unos españoles de una tierra vuelta toda
hacia Francia”. Y entonando su grito, me atrevo a reclamar: retenedla
con el corazón y con los brazos y no hagáis que tengamos motivos para
volver a decir a la Generalitat lo que decía el diputado Nart
al president Macià en 1931 y lo que decían los comisionados
araneses a la Generalitat del año 1411: “Los araneses no han tenido
nunca otro señor que Dios”. Sólo espero que lo que no ha ganado
una pretendida teocracia (la desafección hacia Catalunya), no lo gane
la democracia federal.
El Periódico de Catalunya, 4 de septiembre de 2008