Eth nòste projècte ei Aran. Aran ès tu

Eficacia y ambición para una nueva ley de Aran

La falta de rigor del síndic ha impedido aprobar la propuesta de ley con el consenso de las fuerzas políticas aranesas. El Conselh tramitó la norma hace un año sin el acuerdo previo y preceptivo del pleno de la máxima institución del país, tal como establece la ley de organización comarcal. Tampoco incorporó los documentos requeridos en estos casos, como una exposición de motivos,unos antecedentes jurídicos, una propuesta económica y financiera, etc.

El documento para la nueva ley fue aprobado en la pasada legislatura para que la Generalitat lo tramitara como proyecto de ley, incluyendo la propuesta financiera. Sin embargo, el actual gobierno de CDA decidió cambiar el procedimiento a través de una iniciativa legislativa comarcal. Pero parece que lo hizo sin leer los requisitos establecidos por ley, porque este tipo de iniciativas han de ir acompañadas, al menos, del acuerdo previo del pleno del ente que lo impulsa, en este caso, el Conselh Generau d’Aran, que no fue convocado antes del trámite parlamentario, como hubiera correspondido.

Cuando el gobierno aranés ha sido consciente de su grave error, ha pasado un año desde que la ley entrara en el Parlament, periodo durante el cual la oposición no ha sido informada en ningún momento del proceso. Y de golpe y porrazo, se convoca un pleno para despachar en una tarde de domingo la norma que regula nuestro autogobierno, del que dependen materias tan esenciales como la sanidad, los servicios sociales, el patrimonio natural y cultural o la promoción económica y turística. A la falta de rigor, se ha sumado la falta de consenso, tan necesario en un tema de país.

Convendrán conmigo que no son maneras. Pero es que para más INRI tampoco esta vez se subsana una carencia imperdonable: la falta de una propuesta concreta de financiación de las competencias y los servicios que gestiona el Conselh Generau, en unos momentos en los que el gobierno de CDA sigue sin aprobar sus primeros presupuestos (lleva un año con las cuentas, prorrogadas, que elaboró UA en su etapa de gobierno) y en los que pende la amenaza de un fuerte recorte económico y financiero. En suma, un despropósito.

Con estos ingredientes, desde Unitat d’Aran no podíamos dar carta de naturaleza a un proceso que el síndic tiene que comenzar de nuevo,convocando la comisión de la ley de Aran para iniciar el trámite con una ponencia conjunta, es decir, con la participación de todos los grupos parlamentarios, tal como se preveía en el tramo final de la anterior legislatura, y negociar un nuevo modelo de financiación, que pueda incorporarse en la futura ley. Tenemos que acordar entre todos una propuesta económica concreta para elevar nuestro techo de autogobierno, de acuerdo con el mandato estatutario.

Unitat d’Aran quiere y desea una nueva ley de Aran, pero no una cualquiera.Aran necesita una nueva ley de régimen especial con una financiación másjusta y ambiciosa, del mismo modo que ahora Cataluña pide su pacto fiscal.De lo contrario, es decir, sin una financiación definida por ley, la nueva norma puede quedar en papel mojado. Y para ese viaje, ya tenemos la ley de régimen especial de 1990.

Las prisas no son buenas consejeras, y el equipo de gobierno del Conselh,antes de dar un paso, tendría que haberse informado y consensuar cómo llevara cabo esta tramitación con las fuerzas políticas aranesas, porque éste es un tema de país. En este sentido, le ha faltado humildad para contar con el apoyo de los grupos representados en la máxima institución aranesa.

Una ley de estas características no se puede aprobar a la brava, después de un año sin noticias de ella. Y por eso, hay que lamentar hoy esta enésima chapuza del gobierno, tanto por el defecto de forma como por la falta de consenso. Aran no se merece este espectáculo tan triste para los ciudadanos.

 

 

Francés X. Boya Alós, conselhèr portavoz de Unitat d’Aran