FRANCÉS X. BOYA, SECRETARIO GENERAL DE UNITAT D’ARAN-PNA
Tiempos difíciles los que vivimos. Es el tema de cada día: administraciones y empresas se enfrentan a unos ingresos cada vez más reducidos por una menor actividad económica, acusada por la falta de estímulo al crecimiento y al desarrollo de un nuevo modelo productivo, que sea más sostenible, suficiente y eficiente.
En el caso del sector público, se suma además la imperiosa necesidad de mantener unos servicios y unas prestaciones fundamentales para la vida de los ciudadanos, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o el fomento de políticas para el empleo, que hoy no aparecen en ningún sitio. Mientras tanto, los de abajo (trabajadores, jóvenes, pensionistas, pequeños empresarios) son los claros perjudicados de esta situación, con una pérdida evidente de empleo y calidad de vida.
Efectivamente, ya nada es como era. Pero ahora es cuando se requiere de los responsables públicos mayor capacidad de trabajo, mayor honestidad y mayor creatividad en el desarrollo de su actividad al servicio de todos. Por eso, he de manifestar mi estupefacción ante el fracaso de la negociación política que el gobierno del Conselh Generau ha llevado a cabo con su homólogo de la Generalitat, ambos del mismo partido, para los presupuestos del Conselh de 2012. Aran ha salido perjudicado de esta negociación: al final hemos perdido, de repente y sin plantear ningún tipo de gradualidad, un 15 % de financiación, cuando los presupuestos catalanes sólo se han contraído un 3,8 % para este año. A alguien han tomado el pelo. No negamos la necesidad de hacer unos presupuestos austeros, pero consideramos que este recorte es desproporcionado, abrupto e injusto, porque el Conselh Generau presta en Aran los mismos servicios y competencias que la Generalitat gestiona en el resto de Cataluña (sanidad, servicios sociales, turismo, medio ambiente, cultura y lengua, etc.), donde sólo se han recortado un 3,8 % y aquí, insistimos, un 15 %. ¿Consideran a los araneses ciudadanos de segunda categoría?
Este fracaso es además demoledor para las aspiraciones del autogobierno aranés, y suena ya a ironía que el síndic Barrera pida más traspasos de competencias con estas cifras. Antes bien, puede pasar que tengamos una nueva Ley de Aran en 2013, pero con los peores presupuestos que el Conselh haya tenido en su historia. Y sin recursos, es sumamente complicado aspirar a mayores cotas de autonomía y suficiencia, bien lo saben las fuerzas políticas catalanas, que ahora reclaman al Estado un nuevo pacto fiscal.
Es sorprendente que esto suceda con dos gobiernos que en principio se tienen por amigos. Basta recordar que Carlos Barrera, en la primera entrevista concedida tan sólo ganar las elecciones, me acusó de “incapacidad política” por los 3,8 millones que la Generalitat nos debía entonces. La verdad es a que ahora, con el gobierno de CDA en el Conselh, se esfuman, de golpe y porrazo, 6 millones de euros, sin que ya nadie deba nada a nadie. Si lo mío era “incapacidad”, cabe preguntarse ahora, con los números en la mano, qué será lo del síndic y su gobierno.
Pero, efectivamente, mientras el anterior gobierno de Unitat d’Aran en el Conselh pudo mantener los recursos suficientes para garantizar la prestación correcta de servicios y competencias (pactados con los gobiernos de izquierdas y, en el último año, con el de CiU), con CDA de nuevo en el poder, perdemos margen de negociación y capacidad para desarrollar nuestro autogobierno.
Al final, éste es sólo el último ejemplo de un conjunto de hechos que retratan la labor de un gobierno paralizado e impotente para defender los intereses de Aran y de sus vecinos, porque parece más preocupado por atender sus intereses partidistas no ya en el Valle, sino más bien en Barcelona.
Ante el contexto adverso de crisis, agravado en Aran por un gobierno ausente de sus responsabilidades, Unitat d’Aran tiene el doble reto de constituirse en alternativa útil, responsable y eficaz para recuperar el terreno que vamos perdiendo con el actual gobierno y apostar fuerte por la defensa de Aran con un nuevo proyecto integrador y creíble. Un proyecto que retome el pulso de la calle para que al final seamos capaces de emprender una vía renovada de progreso y estemos en condiciones de ejercer un nuevo liderazgo territorial, a la altura de lo que los ciudadanos esperan de sus responsables públicos.