¿Qué destacaría de estos últimos 10 años a nivel institucional?
La evolución política del Valle de Aran ha sido positiva cuando se ha avanzado. Durante este tiempo se ha consolidado la administración del Conselh Generau, una institución relativamente joven. Destaca el traspaso de la competencia de sanidad. Pero se hizo en un marco jurídico e institucional muy poco preciso. Hubiera sido preferible un marco competencial que diera más solidez al Conselh. Por lo tanto, mi satisfacción es moderada.
Pero usted ha sido síndic en la última legislatura. ¿Por dónde tuvo que empezar cuando se hizo cargo del Conselh?
Lo primero que tuvimos que hacer fue ordenar la situación de organización y capacidad de prestación de los servicios públicos, que tenía que cambiar de manera sustancial. Trabajamos por tener un gobierno más colegiado, dando más participación a la gente y a los alcaldes, impulsando reformas importantes en los ámbitos de la sanidad y los servicios de emergencias…
Aunque el periodo fue algo breve…
Sí, a pesar de que el balance es bastante positivo. Pero es cierto que en cuatro años es difícil desarrollar proyectos ambiciosos y de envergadura, como los que iniciamos en los ámbitos del turismo, los servicios de emergencias, etc.
En la oposición las cosas se ven distintas. ¿No?
Yo ahora veo a un Conselh con escaso sentido institucional. Hay una tendencia evidente a ir hacia atrás. La acción política se desarrolla en un marco complicado. Podemos retroceder mucho dentro de poco tiempo. Creo que es más que discutible la solvencia política del actual gobierno del Conselh.
Pero, tal como están las cosas, ¿no cree que Unitat d’Aran estaría haciendo lo mismo si gobernara ahora?
Un Conselh, del partido que sea, se tiene que plantear rebajar el gasto. Pero no puede gestionar su relación presupuestaria con la Generalitat tal y como lo está haciendo ahora el actual gobierno. Mientras la Generalitat recorta en un 3 % sus presupuestos, al Conselh le obligan a recortar un 15 %. Y eso es fruto de una mala negociación. La debilidad política del Conselh actual es dramática para el país. El esfuerzo que tienen que hacer los araneses con sus servicios públicos tiene que ser igual al de los catalanes. Y ahora es superior.
Son momentos difíciles.
Sí, y por eso no podemos castigar a sectores que funcionan, como el turístico. Por eso, estamos en contra de la tasa. Aran tiene una estación privada que tiene que competir con estaciones que reciben dinero público, y ahora Cataluña aplica una tasa que limita la competitividad de un sector que genera riqueza y trabajo. En este caso, el Conselh tampoco ha sabido defender los intereses del país y se ha plegado a los intereses de su partido.
¿Ve factible una nueva ley de Aran en 2013?
Factible sí, otra cosa es que el modelo que se proponga sea el adecuado. Si proponen una ley de pura retórica, no será necesaria. La ley tiene que garantizar una financiación de los servicios públicos y un nuevo estatuto de relación con la Generalitat que dé respuesta a la ambición del país. Si no, es mejor que no haya ley.
Además de la ley, ¿qué retos tiene que afrontar el Valle en los próximos años?
En primer lugar, consolidar el modelo económico que ahora tiene dificultades evidentes, con problemas no resueltos relacionados con la estacionalidad turística. En segundo lugar, repensar la eficiencia administrativa para afrontar la prestación de los servicios con menos recursos. Y, por último, reforzar la imagen institucional que ahora es débil, porque falta voluntad de diálogo y compromiso, más allá del interés partidista.