Artículo de opinión de Maria Vergés Pérez, Secretaria General de Unitat d’Aran y Síndica d’Aran
En el contexto global que vivimos, los representantes públicos tenemos que comprender y aceptar que asistimos al nacimiento de una nueva era, de un nuevo paradigma que nos requiere hacer de la generosidad un instrumento indispensable que tiene que regir una nueva manera de gestionar, más próxima y más empática, que da certeza a una ciudadanía desconcertada y asustada por un presente convulso y un futuro incierto. Dar seguridades en el medio de la inestabilidad y de la duda es posible y una obligación de los gobiernos y de los servidores públicos. Y eso, que es en si mismo también un reto, es sólo posible desde la proximidad. Una proximidad que desde Unitat d’Aran reivindicamos ya que es la que ejerce el Conselh Generau d’Aran, la máxima institución aranesa, en su día a día y siendo una de sus obligaciones más importantes, y que permite situar a las personas en el centro de las políticas y de la acción.
La sostenibilidad institucional y política del autogobierno aranés tiene, aun así, su mayor desafío en el reconocimiento, aceptación y respeto efectivo de su singularidad. Y aquello implica, sin ningún tipo de duda ni vacilación, que el Conselh Generau d’Aran deje de ser considerado, de una vez por todas, como una administración local.
Que la máxima institución aranesa, que gestiona competencias autonómicas, como la sanidad o la atención social, y también de tipo local, tenga un reconocimiento jurídico y administrativo explícito y singular se ha convertido en una urgencia, no sólo por el riesgo de colapso de la propia institución, si no porque esto impide y contradice, en efecto, el concepto mismo de autogobierno y de su ejercicio. Es decir, contradice el mandato del propio Estatuto de Autonomía de Catalunya y de la Ley de Régimen Especial del Valle de Aran, algo que pone en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos para la ciudadanía aranesa y que estos sean gestionados y definidos desde nuestro territorio. Esto pues, comporta reforzar la idea que la legislación de régimen local sólo se tiene que poder aplicar en Aran de manera supletoria a su regulación específica, es decir, a la regulación propia de Aran, respetando siempre su posición singular.
Así lo trasladé el pasado 28 de noviembre a los diputados y diputadas del Parlament de Catalunya durante mi comparecencia en la cámara catalana, algo que trabajamos con el gobierno de la Generalitat para que sea resuelta en breve, y también con el congreso de los diputados, para conseguir un reconocimiento de la singularidad aranesa por parte del Estado.
Superar pues el tratamiento de administración local para el Conselh Generau d’Aran es un de los retos más importantes de esta legislatura, debido a que de ello depende nuestra capacidad de decidir sobre aquellos asuntos que nos afectan, y de hacerlo desde la proximidad, para, y esto es lo más importante, garantizar oportunidades y calidad de vida para la ciudadanía de Aran.