A raíz de la publicación de un artículo que escribí recientemente en estas páginas de Opinión (‘La educación en España’, 9-10-02) en el que analizaba la situación preocupante de la educación en España recibí muchas cartas de lectores que me preguntaron sobre la situación de la educación en Cataluña. Ello me estimula a expandir aquel artículo, analizando también la educación en Cataluña, una situación incluso peor que la existente en España. Veamos los datos.
Indicaba en mi artículo que uno de los problemas que todavía persisten en España es el bajo gasto público en educación. Así, el gasto público en escuelas primarias y secundarias era sólo del 3,26% del PIB, muy por debajo del promedio de la UE (excluyendo Grecia y Portugal), que era del 4.2%. Pues bien, el gasto público en Cataluña es incluso menor. Si analizamos por ejemplo el gasto público en escuelas por estudiante, es el 6% (en la educación primaria) y el 7,5% (en la educación secundaria) más bajo que el promedio español, y nada menos que el 24% y el 30% del promedio de la UE, respectivamente. En realidad, Cataluña es la comunidad española que con relación a su PIB invierte menos en educación no universitaria (Pedró, F. Una avaluació dels resultats de les polítiques educatives a Catalunya).
Una consecuencia de tal escasez de recursos es que el curso escolar en Cataluña (y en España) es mucho más corto (875 horas en la escuela secundaria) que el curso escolar promedio de la UE (alrededor de 1.000 horas), con lo cual, si sumamos este déficit de horas durante la vida escolar de los niños, resulta que los niños catalanes (y españoles) van a la escuela secundaria un año menos que sus homólogos en la UE (y dos años menos que en Bélgica, Italia y los Países Bajos). Es interesante subrayar que en un estudio comparativo reciente se vio que los estudiantes de 14 años en España (incluyendo Cataluña) tenían unos conocimientos semejantes a los que tenían en Europa los chicos de 13 años. Otro indicador del bajo gasto público en Cataluña es que los maestros eran hasta el año 2001 los peor pagados de España (después de Galicia).
La segunda característica preocupante que señalaba en mi artículo sobre la educación en España era su polarización social de manera tal que, en general, las clases de renta alta y media alta envian sus hijos a las escuelas privadas, mientras que los hijos de la clase trabajadora y otros sectores de las clases populares utilizan las escuelas públicas. Así, el sistema educativo español reproduce la estructura de clases sociales del país, con escuelas privadas que gozan de mayores recursos que las escuelas públicas. Pues bien, la situación en Cataluña no es sólo igual, sino que para las clases populares es incluso peor. Mientras que en España el 31% de los niños van a la escuela privada, en Cataluña este porcentaje asciende al 42%. Algunas autoridades educativas catalanas han señalado que esta polarización social favorece en realidad a la escuela pública, pues el hecho de que Cataluña tenga un elevado porcentaje de niños que asisten a las escuelas privadas libera fondos públicos para concentrarlos en los alumnos de las escuelas públicas. Este argumento, sin embargo, pasa por alto dos hechos importante. Uno de ellos es que esta división de las escuelas en dos tipos, una privada que atiende a las familias de renta alta y media alta, y otra pública que atiende a las rentas medias bajas y bajas, debilita enormemente a la pública, pues se diluye la presión social para mejorar la escuela pública. Las familias pudientes creen (erróneamente) resuelta la educación de sus hijos y se despreocupan de lo que ocurre con las públicas. En Europa, se muestra que las mejores escuelas públicas son precisamente aquellas que, además de tener un gasto público mayor, atienden a niños de todas las clases sociales. Suecia, por ejemplo, que tiene un gasto privado en escuelas menor y uno de los gastos públicos mayores en la UE, tiene una tasa de fracaso escolar de sólo el 7%, comparado con el 34% en Cataluña, uno de los porcentajes más altos de la UE. La otra realidad que obvia el argumento defensor de la polarización social aducido por algunas autoridades educativas catalanas es que la Generalitat está también financiando las escuelas privadas, bajo la categoría mal llamada de conciertos, y que en realidad son subsidios públicos (los más altos en España) al sector privado, que restan fondos públicos que podrían invertirse en las escuelas públicas, cuyas necesidades son mucho mayores que las de las privadas, ya que absorben, por ejemplo, al 80% de los inmigrantes. En realidad, si tales centros privados fueran auténticamente concertados y se convirtieran en componentes del sistema público, tales escuelas concertadas deberían ser gratuitas, no podrían seleccionar y excluir alumnos, y su profesorado y contenido curricular debería estar aprobado y supervisado por la Generalitat. Ninguna de estas condiciones se da en el sector privado, generosamente subsidiado por la Generalitat.
Esta escasez de recursos públicos en la educación escolar de Cataluña y la polarización social que la sustenta explica que los indicadores de calidad de la enseñanza en Cataluña sean peores que los del resto de España, que son, a su vez, inferiores a los de los países desarrollados. Y esta inferioridad afecta tanto a las escuelas privadas como a las públicas, puesto que la calidad de las primeras está íntimamente ligada (tal como indiqué en el artículo anterior) a la calidad de la escuela pública. Según el último informe TIMS, que comparó en 1997 el conocimiento de lenguas, ciencias, idiomas y matemáticas de los países de la OCDE, más los del Este de Europa y Asia, los alumnos españoles de 14 y 16 años (tanto de la pública como de la privada) estaban por debajo del promedio de tales países. Y según un informe comparativo realizado en España también en 1997, los alumnos catalanes estaban por debajo del promedio español. Estas cifras confirman que en educación escolar España no va bien y Cataluña va peor.