UNITAT D’ARAN FRENTE EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE CATALUNYA
Manifiesta que
Aran ha sido siempre una comunidad con una clara voluntad política de desarrollar sus instituciones de autogobierno y de preservar su lengua propia y su cultura, así como todos aquellos elementos diferenciadores que han marcado la identidad del pueblo aranés a lo largo de los siglos.
Esta definición se sostiene con toda una serie de hechos históricos que recojen, en los momentos trascendentales, las decisiones y posicionamientos del pueblo aranés en los que, de forma inequívoca, Aran ha manifestado esta voluntad de ser y pertenecer a los ámbitos políticos y administrativos que mejor han garantizado esta voluntad política expresada históricamente.
El otorgamiento de la Querimònia en 1313 por Jaime II, con el precedente de los tratados de Emparança, inicia una retahíla de hechos históricos, marcados por las luchas de fronteras y la necesidad de protección de los araneses frente los intentos de apropiación del Valle por parte de los señores feudales, que comportan la necesidad de pactos. Los acuerdos del año 1411 con la Generalitat de Catalunya son consecuencia de esta presión para evitar que la Condesa de Comenges se apropiara del Valle. Aran permanece, desde entonces y por petición de los araneses y a cambio del compromiso de defensa, incorporado en los territorios del Principado.
En 1833, quedó derogado el Conselh Generau d’Aran a través de la Real Cédula de la reina Mª Cristina. A pesar de la eliminación de la máxima institución aranesa, los alcaldes araneses mantuvieron hasta 1965 reuniones periódicas para tratar los asuntos de Aran, conservando la esencia de la institución y actuando cómo una unidad política y territorial.
La recuperación del Estatut de Catalunya en 1979 comportó, a instancias del movimiento vecinal de “Es Terçons”, la incorporación de una disposición adicional y un artículo acerca de la adecuación de las peculiaridades históricas y administrativas de Aran y la protección de su “habla”, que es como se llamó al aranés en aquel momento. La voluntad de los araneses quedó manifiesta en septiembre de 1979 en Cap d’Aran, expresada por los representantes de los ayuntamientos democráticos restaurando de forma provisional el Conselh Generau d’Aran.
Aun así, la actualización y aplicación de este Estatuto fueron costosas y para Aran significó que: el Parlament de Catalunya no redactara la Ley de Aran hasta el año 1990, lo que permitió finalmente la reinstauración del Conselh Generau en el año 1991.
Éstos son algunos de los hechos históricos que evidencian la reiterada voluntad del pueblo aranés de mantener y preservar su singularidad política y cultural, tanto en el ámbito catalán como en el español.
De esta manera, Unitat d’Aran sigue fiel a las palabras del diputado aranés Nart Rodés, el cual en 1931 dijo: “El Valle de Arán se unió libremente a Catalunya, y lo hizo en virtud de un pacto que el Valle ha cumplido con grandes sacrificios. El pacto tiene su fuerza en nuestra firme voluntad de ser catalanes y españoles, pero pedimos a todos, a los de Madrid y a los de Barcelona, que por su parte guarden el pacto secular”.
Así pues, después de este breve repaso histórico, queremos valorar cuál ha sido la evolución del autogobierno aranés y del trato recibido durante todos estos años desde su restauración.
El proceso de instauración del autogobierno aranés no ha sido nada fácil y, el resultado de esta evolución, hoy no puede decirse que sea satisfactorio. Algunos de los hechos que se describen a continuación lo ponen en evidencia:
- La situación financiera del Conselh Generau es absolutamente insostenible:
- Aunque el presupuesto de la Generalitat de Catalunya ha aumentado un 4% en el último año, el del Conselh Generau se mantiene un 10% por debajo de las partidas del año 2010.
- La Generalitat no ha liquidado tampoco las deudas que dejó pendientes de pago en el año 2011 relacionadas con la deuda “histórica” y por otros conceptos, con un importe de 8 millones de euros.
- Desde el año 2011, y de forma unilateral, la Generalitat eliminó el sistema de financiación del Conselh Generau:
- Debido a esta eliminación del sistema de financiación en la actualidad, el Conselh Generau sólo puede ejecutar partidas finalistas, destinadas a cubrir las competencias traspasadas, y se ha suprimido la capacidad de autogobierno.
- Estos hechos han comportado graves limitaciones en la prestación de servicios como la sanidad, que con un presupuesto similar al del año 2010, debe enfrentar más servicios y más usuarios.
- De vergüenza es la situación de nuestra gente mayor, que debe vivir en residencias de la Ribagorça y del Pallars porque el país no puede garantizar su asistencia.
- Lo mismo pasa con las inversiones turísticas e importantes para la economía del país. Un ejemplo claro es la carretera C-28, de acceso a la estación de Baqueira y dependiente de la Generalitat, que necesita una adecuación para asumir las puntas de usuarios de la estación, mientras que la Generalitat construye aeropuertos en otros puntos del Pirineo.
- Los recortes que la Generalitat ha practicado en educación en Aran son también alarmantes: aún con la especificidad de nuestro territorio, se han recortado más del 20% de las plantillas de profesorado aunque se mantiene el número de alumnos.
- El desarrollo del Estatut del año 2006 ordenaba impulsar dos leyes: la ley de protección del aranés (2010) y la reforma de la Ley de Aran (2015):
- La primera todavía no se ha desplegado y ha terminado convertida en la “Ley del occitano” y, a menudo vemos como la variante que se utiliza en el conjunto de Catalunya es la lengadociana, no la aranesa, mientras que el retroceso del aranés parece imparable. Cabe destacar al respecto que la aportación de la Generalitat en materia de política lingüística ha sido recortada en un 40%, lo que se traduce en la irrisoria cantidad de 60.000€ anuales.
- En cuanto a la Ley de Aran, la cual fue aprobada en el 2015, no ha cumplido ninguno de sus objetivos. Ni la reforma del sistema electoral (para el que tenía un plazo 2 años ya transcurridos), ni la reforma del modelo de financiación, que tenía tres años de plazo y que, cuando están a punto de cumplirse, todavía no se ha iniciado ningún tipo de actuación al respecto. Nos encontramos la misma situación con el traspaso total de la competencia de extinción de incendios y emergencias, que la Ley de Aran ya atribuye de forma total al Conselh Generau y que la Generalitat aún no ha hecho efectivo.
- Y actualmente, la reciente presentada “Ley de Transitoriedad Jurídica” ignora y contradice los derechos de los araneses, a la vez que remarca que la sobiranía recaerá únicamente en el pueblo catalán.
De este modo, queremos evidenciar la situación de nuestras instituciones poniendo de relieve las necesidades y carencias de nuestro país y afirmamos que:
Aran, como comunidad política diferenciada de Catalunya, no debe participar en el referéndum del día 1 de octubre por los motivos que siguen:
- Aran, como territorio autónomo, debe tener su agenda política propia no condicionada. Los araneses son quiénes deben decidir, cuál y cómo será su futuro si en algún momento hay un cambio en la configuración territorial del Estado.
- Aran debe respetar las decisiones del Parlament de Catalunya, aunque el referéndumplanteado para el 1 de octubre no responde a un diálogo ni con el conjunto de las fuerzas políticas catalanas ni, tampoco, con las instituciones aranesas, que en ningún momento han sido tomadas en consideración.
- La composición social de Aran es especialmente diversa y formada por comunidades de diferentes orígenes. Unitat d’Aran apuesta por la integración y el pacto para no poner en riesgo la cohesión social y la identidad y lengua aranesas.
- Los araneses y aranesas han sido siempre favorables al pacto, y han resuelto sus conflictos a través del acuerdo y del diálogo como elementos esenciales de su cultura, y por ello creemos que la alternativa de la secesión no es el camino que le conviene a Aran.
- Este referéndumno tiene ninguna garantía jurídica ni cumple los principios internacionales establecidos por la Comisión de Venecia ni respeta el derecho a decidir de los araneses.
- El prinicipio de la democracia se sostiene en el cumplimiento de la legalidad: sin respeto a las leyes no hay derechos ni para los pueblos ni para los ciudadanos. Asimismo lamentamos la presión de determinados colectivos a los alcaldes de nuestro territorio para que incumplan la legalidad vigente
- Es lícito, en un territorio fronterizo como el nuestro, manifestar la preocupación por los efectos económicos que puede comportar la probable salida, aunque sea temporal, de la Unión Europea en el caso de una secesiónunilateral de Catalunya del resto de España.
- Asimismo, para un territorio turístico como el nuestro, resultan también preocupantes los efectos que puede tener esta secesión en el sistema socioeconómico aranés.
- Aran, Catalunya y España deben participar en la construcción de estructuras políticas e institucionales de carácter europeo que nos permitan aumentar el bienestar, las oportunidades y la seguridad de los ciudadanos, respetando las identidades y el autogobierno.
- Sólo una apuesta clara y firme por el diálogo y por un nuevo acuerdo nos permitirá superar la actual situación de confrontación.
Texto aprobado por la Comisión Ejecutiva y la militancia de Unitat d’Aran reunidas el día 1 de septiembre de 2017