La decisión es una nueva muestra del incumplimiento de la Ley de Aran y un nuevo acto de laminación de la autonomía aranesa por parte de la Generalitat de Catalunya.
A la espera de algunas concreciones sobre la oficina que el Conselh Generau ha cedido a la Agencia Tributaria Catalana, la desaparición de la oficina liquidadora, ahora trasladada a La Seu de Urgell, supone un nuevo recorte de la autonomía del Valle de Aran, así como un flagrante incumplimiento tanto del artículo 79.3 del Estatuto de Catalunya que, en su punto 3 dice: “el Conselh Genrau d’Aran ha de participar en la elaboración de las iniciativas normativas que afectan a su régimen especial” como del artículo 5 de la Ley de Aran, en el que se recoge el principio según el cual, “Aran no puede quedar incluida en ninguna división territorial, ni administrativa que no sea ella misma”.
El traslado de este servicio público a 150 Km del Valle de Aran, obligará a muchos de los usuarios o profesionales que requieren de este servicio a desplazarse a La Seu de Urgell. Un hecho que, según afirma Unitat d’Aran, va en contra de toda lógica después de más de 150 años de arraigo de este servicio en Aran.
El Secretario General de Unitat d’Aran, Paco Boya, ha manifestado sus dudas sobre si “este cambio afectará también al derecho de exención del uso del papel sellado vigente en el otorgamiento de las escrituras públicas, hasta ahora reconocido por notarios registradores y la propia oficina liquidadora”.
Boya ha recordado que ”este derecho fue defendido por los alcaldes araneses en diversas ocasiones: frente a la Real Orden del 27 del 7 de 1898; ante el gobierno de la República en 1932, donde se exige una rectificación al gobierno de la Generalitat poniendo de manifiesto la indignación del Valle; en 1955 y en 1960, año en que la Junta de Alcaldes, invita a los vecinos del valle a no reconocer ni firmar las posibles actas de infracción”.
El Secretario General ha lamentado que, además, “el desmantelamiento de esta oficina implica un paso más en la dirección de la creación de la Vegueria del Pirineo”, lo cual respeta, siempre que no implique una recentralización de servicios y, por tanto, una pérdida de autonomía de las Instituciones aranesas, que además pierden un valuoso instrumento para abordar la corresponsabilidad fiscal y su capacidad recaudatoria.
Unitat d’Aran preguntará al Síndico de Aran en el Pleno de la máxima institución aranesa sobre este asunto.